PATRIMONIO: La Importancia del Publico en La Conservación

LA IMPORTANCIA DEL PÚBLICO EN LA CONSERVACIÓN: La movilización ciudadana a favor de la defensa del patrimonio.


ESPAÑA

José Castillo Ruiz + Celia Martínez Yáñez

Resumen

La esencia del Patrimonio Histórico radica en la importancia que para la sociedad tienen los valores que lo integran, casi siempre de esencia pública, común y compartida, que han motivado que en muchos países sus bienes hayan adquirido la condición de bienes de interés general, convirtiéndose incluso en un derecho fundamental reconocido en las Constituciones. De aquí se deriva que la vinculación patrimonio y sociedad resulte imprescindible en cualquier política de protección, lo cual se manifiesta en dos sentidos: mediante la colaboración de la iniciativa privada, de la sociedad civil, en las tareas de conservación y protección y a través de la movilización ciudadana en defensa del patrimonio. En este artículo vamos a centrarnos en dicha movilización, ya que a través de su labor de control e impulso de la acción pública de tutela se ha convertido en el mejor garante de la conservación del Patrimonio Histórico Español, y en una de las formas más legítimas de expresión de su interés social.

Palabras Clave: Patrimonio Histórico Español. Valores Patrimoniales. Movilización Ciudadana en Defensa del Patrimonio. Asociaciones y Plataformas Ciudadanas. España

0. INTRODUCCIÓN



La esencia del Patrimonio Histórico radica en la importancia que para la sociedad (para todas las personas) tienen los bienes del pasado (memoria histórica, identidad, conocimiento, desarrollo personal, diversidad cultural, etc.), de ahí que en muchos países (desde luego en España) hayan adquirido la condición de bienes de interés general, convirtiéndose incluso en un derecho fundamental reconocido en las Constituciones. De aquí se deriva que la vinculación patrimonio y sociedad resulte por tanto imprescindible en cualquier política de protección (en cualquier sociedad), lo cual se manifiesta en dos sentidos: mediante la colaboración de la iniciativa privada, de la sociedad civil, en las tareas de conservación y protección (mecenazgo, fundaciones, deber de conservación, etc.) y a través de la movilización ciudadana en defensa de los valores reconocidos en los bienes históricos. Una tercera forma de participación (y de gran importancia), sería la del disfrute efectivo de los bienes culturales mediante el acceso a ellos, su uso y aprovechamiento, que, en el caso español, se ve además reforzado, no sólo por el propio mandato constitucional - que reconoce el derecho al patrimonio en el marco de los derechos fundamentales-, sino también de forma específica, gracias a la instauración en la legislación de Patrimonio Histórico del derecho de visita pública, que obliga a los propietarios de un bien declarado Bien de Interés Cultural (mueble o inmueble) a permitir la visita de forma libre y gratuita, conforme a las condiciones estipuladas en el artículo 13.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y sus homólogos en las leyes autonómicas de Patrimonio.

La normativa y doctrina internacional sobre Patrimonio Cultural avala este derecho al disfrute de los bienes culturales y a participar en su preservación desde los primeros textos de las décadas de los sesenta y setenta - que hablan fundamental y tempranamente de la concienciación y difusión de los valores culturales-, al momento actual, en el que el papel de la sociedad resulta determinante a la hora de evaluar importantes criterios como los de autenticidad e integridad, entendidos en un sentido muy amplio. Son significativas de esta evolución, por poner tan solo un ejemplo representativo, las recomendaciones adoptadas en el Seminario Internacional “Vivre dans un grand site. Le pari du développement durable”, conducido por ICOMOS Francia en 2004, que pone el acento en la necesidad de integrar a la ciudadanía y al conjunto de los actores socioeconómicos locales a la hora de determinar tanto los valores patrimoniales de un sitio como las estrategias encaminadas a su desarrollo, proponiendo incluso un método para hacer efectiva esta participación: “La asociación de la población local a los proyectos de puesta en valor, de restauración o de gestión debe superar los simples procesos de información y consulta para llegar a una elaboración conjunta de los mismos según la metodología de las agendas 21 locales”. Junto a otras recomendaciones y principios internacionales de esta clase, sin duda los exponentes más relevantes del carácter esencialmente público de los bienes culturales, y de su fruición y defensa (al margen de su titularidad), los encontramos en instrumentos jurídicos de carácter vinculante, como la propia Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de 1972 - en la que el valor universal de los bienes protegidos bajo sus auspicios legitima la acción internacional y coordinada para su protección, más allá de las fronteras nacionales y los Estados-Parte que han ratificado la Convención -, o la Convención de Faro, redactada por el Consejo de Europa en 2005 (y ratificada por España en septiembre de 2008), que entrará en vigor en junio del presente 2011. El leit motiv de este nuevo instrumento del Consejo de Europa en el marco de la protección del Patrimonio es precisamente la búsqueda de cauces que potencien la participación social en torno a los bienes culturales mediante fórmulas novedosas, entre las que destacan las que lo dotan de un valor común y compartido (Martínez, 2010). En este sentido, cobra una especial importancia la aparición y reconocimiento de las llamadas “Comunidades patrimoniales” (Heritage communities), compuestas por individuos ligados por su sentimiento de pertenencia a determinados bienes culturales - independientemente de su nacionalidad, origen social, lugar de residencia, vinculación directa o indirecta con el lugar en que se ubica el patrimonio, etc.-, a los que se les reconoce el derecho de participar en su protección y devenir (COE, 2009).

Sin embargo, y a pesar de la continua llamada de los instrumentos normativos e instituciones internacionales hacia el fortalecimiento de la ciudadanía en sus deberes, derechos y responsabilidades con respecto al patrimonio, lo cierto es que no siempre los poderes públicos cumplen con su responsabilidad, ni por lo que se refiere a la propia conservación de los bienes que lo integran, ni en lo tocante a la puesta en marcha de instrumentos que permitan implementar y coordinar las iniciativas de la sociedad encaminadas a valorar, proteger, defender y disfrutar del patrimonio histórico y cultural, del cual es la máxima depositaria.

Éste es, a menudo, el caso español, en el que muchas de las amenazas para la conservación del patrimonio se derivan, bien de la escasa sensibilidad de las administraciones competentes en la materia, o bien, y lo que es peor, de su consentimiento con respecto a actuaciones que ponen en entredicho su autenticidad e integridad. Ambas situaciones contrastan fuertemente no sólo con las continuas llamadas de los poderes públicos para compartir la responsabilidad (y sobre todo el coste) que supone la conservación del patrimonio, sino también con la paulatina toma de conciencia de la sociedad respecto a la importancia y valor de estos bienes.

Por esta razón, en este artículo vamos a centrarnos en la segunda forma de participación de la sociedad a la que hacíamos referencia, la del movimiento ciudadano de defensa del Patrimonio Histórico, ya que, a través de su labor de control e impulso de la acción pública de tutela (entre otras muchas funciones más), se ha convertido en el mejor garante de la conservación del patrimonio y en una de las formas más legítimas de expresión de su interés social.

El movimiento ciudadano de defensa del patrimonio histórico presenta en España un panorama bastante insatisfactorio, ligado al poco conocimiento de nuestra riqueza patrimonial y al escaso grado de conciencia existente en la ciudadanía, debido, entre otras razones, al hecho de que las administraciones públicas - tan dadas a realizar campañas de sensibilización en muchos ámbitos como la contaminación, consumo de agua, seguridad laboral y vial, reciclado, etc.-, no han emprendido ninguna relacionada con el patrimonio histórico y, en particular, con aquellos aspectos que más urge trasladar a la sociedad: el derecho de todos los ciudadanos al disfrute de los bienes culturales, la implantación de buenas prácticas de uso y conservación, la implicación de los jóvenes, los deberes que tienen los propietarios, etc.

A pesar de este panorama general, la escasa concienciación patrimonial de los españoles está comenzando a matizarse gracias a la aparición de diferentes formas de organización y movilización de los ciudadanos para defender el Patrimonio Histórico, de las cuales nos vamos a centrar en dos: las Asociaciones y las Plataformas Ciudadanas.

Las Asociaciones hacen referencia a grupos de personas unidas a través de una estructura organizativa sólida y formalmente constituida para la consecución de una serie de objetivos. Las plataformas son, en cambio, un conjunto de personas o grupos sociales y políticos que se unen de forma coyuntural para movilizarse ante un problema patrimonial concreto y grave.





1. ASOCIACIONES DE DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

En los últimos años han surgido en España innumerables asociaciones (Imagen 1)



relacionadas con el conocimiento, difusión o protección del Patrimonio Cultural, la mayoría de ellas de carácter local y generalista (la protección de todos los bienes culturales de una ciudad o, en menor medida, de una provincia), aunque también hay muchas otras dedicadas a la defensa de tipos de patrimonios específicos (patrimonio industrial, conjuntos históricos, etc.). A pesar de ello, el panorama que nos encontramos en relación al asociacionismo en España tenemos que calificarlo de insuficiente y de efecto muy limitado. Una de las razones es que la mayoría de las asociaciones (aunque cada vez menos en los últimos años) están orientadas más hacia el estudio y divulgación de bienes históricos carentes de protección (patrimonio etnológico, industrial, agrario, arquitectura contemporánea, etc.) que a la denuncia social y judicial de actuaciones inadecuadas o ilegales. La otra razón es el referido carácter localista. En este sentido, sorprende la escasez de asociaciones de carácter nacional capaces de ejercer con fuerza e independencia la representación de la sociedad en el ámbito del Patrimonio Histórico. Las causas que explican este hecho son varias: la transferencia a las Comunidades Autónomas (instituidas en la Constitución democrática de 1978) de las competencias en materia de Patrimonio Histórico a partir de 1985, la dificultad para desplazar o sustituir a los organismos que tradicionalmente se habían atribuido la representación social del Patrimonio Histórico (especialmente las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes) o la excesiva asepsia científico-institucional de algunas otras instituciones como, por ejemplo, Hispania Nostra, la asociación de carácter general más longeva (surge en 1976) y muy centrada en su labor de representación en España de la organización europea a la que pertenece (la Asociación Europa Nostra, nacida en el seno del Consejo de Europa en 1963). No obstante, en los últimos años se percibe un viraje muy importante de esta Asociación hacia la denuncia y la reivindicación, de la cual es un claro indicio la Lista Roja que promueve (Imagen 2), en gran medida como respuesta al vacío existente en nuestro país en cuanto a la defensa ciudadana del patrimonio histórico común de todos los españoles; vacío éste que en parte está siendo cubierto por los movimientos ecologistas al incluir el Patrimonio dentro de su defensa del territorio y del Medio Ambiente.

La incipiente iniciativa de algunas asociaciones provinciales de federarse a nivel regional (ACANTO, Federación de asociaciones de Castilla y León, etc.) marca una tendencia muy interesante de reforzamiento y visibilidad de la acción ciudadana, a lo que ayuda mucho la utilización de las nuevas tecnologías, que permiten hacer partícipes a todos los ciudadanos de iniciativas impulsadas por dichas asociaciones. Cabe citar también la cada vez más importante presencia de organismos no gubernamentales de carácter internacional, especialmente ICOMOS España, que si bien tiene reducida su competencia a los bienes declarados (o propuestos para su declaración) Patrimonio Mundial, cada vez es más frecuente que supere dichos límites, en la mayoría de los casos ante la petición de amparo y defensa por parte de ciudadanos, asociaciones o instituciones. Un buen ejemplo del papel cada vez más activo del Comité Nacional Español de ICOMOS en este sentido, lo encontramos, por ejemplo, en las acciones que ha emprendido antes las múltiples amenazas a las que se enfrenta el Camino de Santiago - especialmente en los litigios y conflictos por el proyecto de construcción de un polígono industrial-comercial en el Concello de O Pino (A Coruña) y el proyecto de recrecimiento del Embalse de Yesa-, (Imagen 3 y 4)

2. PLATAFORMAS CIUDADANAS EN DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Debido a la escasa entidad del movimiento asociativo, la sociedad española ha respondido mayoritariamente ante las situaciones de deterioro, abandono o destrucción del Patrimonio Histórico -en la mayoría de los casos por la inacción o irresponsabilidad, cuando no ilegalidad, de la administración pública-, a través de la creación de plataformas ciudadanas. Éstas representan una de las dimensiones más loables del patrimonio, ya que surgen de manera espontánea y libre aglutinando a una gran diversidad de colectivos, personas o instituciones, lo cual favorece su pluralidad y legitimidad social, aunque, no obstante, va en detrimento de su unidad de acción y su continuidad en el tiempo.

El objetivo que persiguen por lo general estas plataformas es evitar la destrucción o alteración grave de algún bien cultural relevante (también, en muchos casos, bienes de carácter local o pertenecientes a patrimonios emergentes como el industrial, etnológico, paisajístico, etc.), lo que implica un enfrentamiento contra las administraciones que han promovido o autorizado la intervención. Rara vez la reivindicación se orienta hacia el promotor privado o beneficiario de la iniciativa y en pocas ocasiones hacia un partido político concreto, ya que en la mayoría de los casos suele haber comunión de intereses entre administraciones de diferente signo político. Lamentablemente, la efectividad de estos movimientos ciudadanos suele ser escasa, ya que en la mayoría de los casos lo que se consigue, y después de un largo y duro pulso contra la administración, es, como mucho, una parcial y poco satisfactoria modificación de los proyectos arquitectónicos y urbanísticos, lo que nos indica claramente que las administraciones públicas consideran que estos movimientos disponen de poca representatividad social y que, además, tienen poco efecto electoral. Veamos estas dos cuestiones.

Por lo que respecta al grado de representatividad social, en muchas ocasiones estos movimientos son desacreditados, al margen de por el escaso número de personas que los integran, por su desvinculación del lugar en el que se produce la actuación objeto de defensa (es decir, que no son parte de los vecinos afectados). En este sentido, quisiéramos señalar con rotundidad que la dimensión universal propia del patrimonio histórico, reconocida además en los instrumentos normativos internacionales señalados en la introducción de este artículo, entre otros, permite que cualquier persona reclame la defensa de un bien cultural en cualquier lugar del mundo.

Por lo que se refiere al escaso efecto electoral de las cuestiones relacionadas con el patrimonio histórico, en gran medida vienen derivadas por la consideración de que el mismo no tiene ideología y que, en el caso de tener alguna, ésta sería exclusivamente conservadora. En este sentido, el actual movimiento ciudadano que se está produciendo en Valencia en defensa del barrio histórico del Cabanyal (y que podemos considerar como el más importante de todos los producidos en España en los últimos años) se está convirtiendo en la manifestación más evidente de la importante carga ideológica que puede tener el patrimonio. El conflicto surgió a raíz de la decisión, tomada en 1998 por el Ayuntamiento de Valencia (gobernado por el conservador Partido Popular), de destruir más de 400 edificios catalogados del barrio histórico del Cabanyal para poder construir una gran avenida que comunicara el centro de la ciudad con la playa de la Malvarrosa, posibilitando el desarrollo urbanístico y arquitectónico de toda la zona a través del turismo, lo cual se vería favorecido con la expulsión de las personas de “bajo estrato social” que residen en este antiguo y humilde barrio de pescadores. Así, en el debate político y social que se ha generado con este conflicto (y que está teniendo una repercusión jurídica e institucional de carácter nacional e internacional), nos podemos encontrar, según se esté a favor o en contra del derribo del barrio, con las siguientes posiciones ideológicas enfrentadas: integración social frente a expulsión y segregación de la población; desarrollo sostenible frente a especulación urbana; respeto a la historia y a la diversidad cultural frente a la destrucción del pasado, etc. También nos encontramos con otras cuestiones de indudable dimensión ideológica, como las relacionadas con la imposición de mayores o menores limitaciones al derecho de propiedad privada, la armonización entre el derecho al acceso a la cultura y a la libertad religiosa, el apoyo a las clases desfavorecidas y la integración de minorías e inmigrantes, impulso a los movimientos ciudadanos, etc. En este caso, y afortunadamente, la firme y constante confrontación llevada a cabo por la Plataforma Ciudadana Salvem el Cabanyal ha permitido paralizar estos derribos, produciendo incluso (por primera vez en nuestro país) que el Estado Español quite al gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia las competencias para actuar en este barrio (Imágenes 09 y 10).





Junto a Salvem el Cabanyal, en los últimos años se han producido otros muchos movimientos ciudadanos de gran importancia tanto por la dimensión alcanzada por los mismos como por la relevancia del bien cultural defendido. Entre ellos podemos destacar las plataformas ciudadanas surgidas para la defensa de la Carcel Model en Valencia, la Plaza del Castillo de Pamplona, la Vega Baja de Toledo, la Plaza de los Bandos en Salamanca, el Camino de Santiago en Concello de O Pino (La Coruña), el entorno de Numancia y Soria, la Vega de Granada, el Parque Ribalta de Castellón, la Huerta de Murcia, la Fábrica de vidrio la Trinidad de Sevilla, el Palacio del Pumarejo en Sevilla, la Alcazaba de Lorca (Murcia), el entorno del Monasterio del Escorial (Madrid), la Molineta en Almería, etc.

3. CONCLUSIONES

Aunque desde el ámbito académico y profesional de la protección del patrimonio todos enunciamos y defendemos la importancia social, educativa y cultural de los bienes culturales, subrayando la instauración del interés general o social como legitimador y fundamentador de la Tutela, lo cierto es que, en el caso español, estos principios distan mucho de haber sido plenamente asumidos por las administraciones competentes, y a veces por la ciudadanía que no se ve directamente implicada en los casos específicos que motivan la movilización para su defensa.

Sin embargo, casos como el del Cabanyal o las denuncias y actividades de la Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Salamanca (Muñoz, 2007), señalan la incipiente asunción de estos derechos por un sector de la sociedad que, si bien sigue siendo minoritario, es representativo del interés que despiertan las cuestiones patrimoniales cuando las mismas afectan de lleno a valores compartidos, tales como los de identidad y memoria histórica. La amplia base popular y social de estos movimientos no sólo es un exponente de la fundamental fundación del patrimonio con el sujeto que lo percibe y lo valora, al margen de su nivel educativo y conocimientos - tal y como fue instaurada por Riegl-, sino también una buena muestra de su capacidad para fomentar la implicación de la ciudadanía en cuestiones que afectan de lleno a la calidad de vida, como las patrimoniales y medioambientales. Además, los tipos de bienes defendidos en estos y otros casos expuestos en este artículo son también un claro reflejo de la propia ampliación del concepto de patrimonio hacia valores que van mucho más allá de las consideraciones artísticas, históricas o estéticas para abarcar también a los testimonios más recientes o representativos del entorno en el que se desarrolla la vida cotidiana de la mayoría de la población, y que han adquirido un valor - que nosotros asumimos como “propiamente patrimonial”, dada su evidente importancia para la sociedad más cercana a los mismos-, el cual legitima su defensa y debería suscitar un mayor respeto y cuidado por parte de las administraciones públicas.

Por ello, a modo de conclusión, quisiéramos señalar que la movilización ciudadana a favor del Patrimonio Histórico constituye una aportación muy relevante, en relación no sólo con la efectiva preservación física de bienes amenazados, sino también respecto al acceso de los ciudadanos a los bienes culturales. Esta aportación consiste en el papel activo, propositivo y valorativo que, cada vez más, adquiere la sociedad ante el Patrimonio. Esta actitud contrasta con la existente habitualmente en la mayoría de los casos, en la que los ciudadanos acceden y disfrutan de aquellos bienes históricos que la administración o los particulares (y en las condiciones establecidas por ellos) han decidido (y por razones muy diferentes) ofrecer a la visita pública.

Además, a través de esta movilización, el Patrimonio Histórico supera la condición de simple objeto artístico, histórico, arqueológico, etc., de gran valor científico y de enorme atractivo para los visitantes, para convertirse en un bien de importante significado para toda la sociedad y que, en virtud de esa importancia, requiere su conservación y disfrute colectivo (Imagen 11).





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José Castillo Ruiz

Doctor en Historia del Arte. Profesor Titular del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Granada (España)

Director del Observatorio del Patrimonio Histórico Español (OPHE).

Director de E-RPH, Revista Electrónica de Patrimonio Histórico.

Investigador Principal del Proyecto I+D El patrimonio agrario: la construcción cultural del territorio a través de la actividad agrícola y ganadera. (PAGO) (REF HAR 2010-15809) (Ministerio de Ciencia e Innovación, España).

Celia Martínez Yáñez

Doctora en Historia del Arte. Investigadora contratada del Programa de Estancias de Movilidad Posdoctoral en el Extranjero (Ministerio de Ciencia e Innovación, España, Plan Nacional I+D+I 2008-2011) en ICOMOS International Secretariat and Documentation Centre (París).

Miembro del Consejo de Redacción de E-RPH, Revista Electrónica de Patrimonio Histórico y del Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales de ICOMOS (CIIC).

Profesora del Máster en Dirección y Gestión Turística del Instituto Universitario de Posgrado (Universidades Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y de Alicante).



.- Ver al respecto la información contenida en el Observatorio del Patrimonio Histórico Español –OPHE-, web del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada surgida a raíz de un proyecto de investigación financiado por la Junta de Andalucía, y en el que se hace un seguimiento exhaustivo de los más importantes movimientos ciudadanos en defensa del Patrimonio Histórico en España (http://www.ugr.es/~ophe/005ASOCIACIONES/005index.htm).

.- Un ejemplo en este sentido lo constituye la asociación Adelpha, surgida en 1978 tras la proclamación de la democracia en España y que tras unos años de una enorme actividad e impacto social en todo el país acabará diluyéndose en la década de los ochenta tras la descentralización autonómica. La fecha de 1985 se corresponde con la promulgación de la ley de patrimonio de la democracia, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

.- http://www.hispanianostra.org/lista-roja/

.- Esta agrupación de asociaciones no debe confundirse con otras iniciativas semejantes, como la creación de redes entre instituciones u organismos con intereses comunes, y que se asocian con el objetivo de defender mejor dichos intereses. En el caso de España, podemos hacer mención al Grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad, a la Red de Juderías Españolas, a la Red de Ciudades Catedralicias, etc.

.- Cabe destacar en este sentido la red de apelantes de Baetica Nostra (http://www.baeticanostra.org/) y las alertas y hacenderas de Promonumenta (http://www.promonumenta.org/index.php.). Al margen de estas asociaciones, algunas de las más activas y de mayor entidad de las existentes en España son: APUDEPA, la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Salamanca, la Asociación Ben Baso, INCUNA, etc. Ver al respecto el seguimiento que hacemos en el OPHE:

http://www.ophe.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=69

.- Ver al respecto el seguimiento que estamos realizando desde el OPHE en http://www.ugr.es/~ophe/004INICIATIVAS/004index.htm.